Hasta hace poco tiempo atrás, los escenarios deportivos en América Latina donde se practica el fútbol requerían de la participación exclusiva de operativos policiales para la implementación de dispositivos y normas de seguridad. Sin embargo, la permanencia de la violencia dentro como fuera de las canchas de fútbol ha forzado a gobiernos locales, autoridades nacionales y a sectores de la sociedad civil a abrir el debate sobre el establecimiento de medidas más eficientes de prevención y control en estadios. Cabe recalcar que esta problemática social que consume al deporte de masas no es para nada reciente, pero si su repercusión actual implica que existe un cambio en la responsabilidad que tienen las instituciones del fútbol en materia de seguridad ciudadana. Se puede incluso llegar a decir que la modernización y sofisticación de la seguridad dentro y fuera de escenarios es un reflejo de la transformación del negocio que envuelve al fútbol. Veamos en que contexto este cambio en materia de seguridad vio la luz y como se aborda el tema en la actualidad de países latinos.

El origen del cambio

En los años ochenta, la presencia de hooligans – barras bravas – en canchas inglesas y el desorden reinante en los escenarios obligó al Estado a reconsiderar tanto las medidas de seguridad como también la forma de como el fútbol se concebía como espectáculo de masas.

En mayo de 1985, los hooligans del Liverpool y de la Juventus de Turín se trasladaron al estadio Heysel para jugar la final de la Copa de Campeones. Debido a una avalancha provocada por hinchas del club inglés, 39 personas perdieron la vida en aquel estadio. La UEFA determinó una suspensión al Liverpool de 10 años en torneos continentales. A raíz de esto, la administración de la “Dama de Hierro”, Margaret Thatcher (1979-90), comenzó una investigación exhaustiva sobre la violencia en los estadios ingleses, la cual desembocaría en el “Football Spectators Act”, cuyo objetivo era el de limpiar a los escenarios de hooligans y cambiar la imagen del fútbol como espectáculo. Esta disposición del parlamento inglés le otorgó más poder a la policía y atribuyó penas severas a inadaptados sociales. Hasta ese punto, los 90 clubes que componían la Federación acusaban que la lucha contra las barras bravas significaba un serio problema económico, debido a que se debía operar con seguridad privada.

El problema de la violencia en Inglaterra no solo exigió un incremento en la participación de fuerzas policiales y de la formulación de leyes anti-hooligans, pero sobre todo de un cambio profundo en el ordenamiento del espectáculo. En la semifinal de la FA Cup de 1989 entre Liverpool y Nottingham Forest, en el estadio Hillsborough, la sobreventa de entradas sería el detonante de otra catástrofe humana que revolucionaría el mapa del negocio del fútbol en aquel país. El resultado final de aquella semifinal sería de 93 muertos. A partir de ese momento, el Estado, en conjunción con el sector privado, colaboró en la modernización de los sistemas de seguridad en los estadios (video-vigilancia, mejora de accesos y salidas para espectadores, etc) con préstamos a clubes. Los intereses corporativos alrededor de los derechos de televisación de partidos, y la participación incremental de patrocinadores en el fútbol, también hicieron que los precios subieran en las graderías y en el consumo del deporte al exterior de los estadios. De tal forma, esta transformación del fútbol en Inglaterra desembocó en lo que es hoy un espectáculo más familiar y burgués, a diferencia de su pasado popular.

Hoy en día, un modelo similar de gestión de la seguridad en el fútbol se está debatiendo e incluso ya implementando en diversos países latinoamericanos. Guardando las diferencias económicas e institucionales entre países de América Latina y de Europa, existe una propuesta más evidente de parte de autoridades públicas para convencer a los clubes de fútbol de la importancia de una repartición en las responsabilidades alrededor de la seguridad ciudadana. Si bien los casos más extremos de violencia relacionados al balompié se ven en Argentina y Brasil, este fenómeno social ha alcanzado nuevos niveles en el seno de las ligas de la región andina y trasandina.

Caso de Chile, Ecuador y Perú

Se ha venido planteando la posibilidad de que los clubes de fútbol, grupos privados y sociedades anónimas, entre otros, se corresponsabilicen de los costes relacionados a la seguridad entorno y dentro de escenarios que albergan eventos lucrativos de entretenimiento de masas. A pesar de ser un deporte de interés nacional, el fútbol se ha privatizado paulatinamente en las últimas tres décadas en el subcontinente. En este marco, los gobiernos nacionales de países como Chile, Ecuador y Perú (entre otros casos relevantes en Latinoamérica) vienen aprobando nuevos proyectos de ley donde se ven comprometidos todos los actores administrativos del deporte rey. Los equipos deberán ahora pagar un monto de dinero para contar con más personales de seguridad en los recintos deportivos que sea de forma proporcional a la envergadura del evento deportivo. Es decir, no es un gasto que solamente le corresponda a la Ciudad, sino que también le corresponde a los equipos por tratarse de una actividad mayoritariamente mercantil.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, en conjunto con el aparato público de aquel país, ha hecho prevalecer la “Ley de Violencia en los Estadios”, que rigió principalmente entre 1994 y 2012, y en donde hoy se hace operativa la Ley N°19.327 sobre la prevención y sanción de hechos de violencia en los recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional. En Septiembre de 2012, el Congreso Nacional de Chile promulgó una ley similar que exige a los clubes de fútbol utilizar empresas privadas para la seguridad al interior y las afueras de los estadios durante los partidos, en un intento por limitar la presencia policial y prevenir la violencia de las barras bravas. Esta legislación obliga a los clubes a designar a un jefe de seguridad que se haga cargo en cada partido de un perímetro de 1.000 metros cuadrados alrededor del estadio. El objetivo principal de esta ley es el de gestionar eficazmente la seguridad ciudadana en el resto de la zona alrededor del escenario. La experiencia chilena muestra que existe una voluntad de parte de los actores del fútbol para redistribuir responsabilidades de forma más ecuánime dentro y fuera de los terrenos de juego. Queda en evidencia que la implementación eficaz de estas leyes depende no únicamente de la voluntad de las instituciones deportivas, pero sobre todo del grado de coordinación en materia de gestión de seguridad que existe entre organismos públicos y entes del fútbol. Es aún más evidente la eficacia de esta coordinación cuando existe un órgano nacional del deporte que regula de forma directa a las ligas profesionales y amateurs. Chile es un caso relevante en este aspecto.

En Europa, varios gobiernos también presentaron propuestas similares de ley. Un ejemplo de medida es el que maneja el Gobierno de Italia, que ha difundido un proyecto conocido como “Decreto Estadios” contra los fenómenos de ilegalidad y violencia en recintos deportivos. Según fuentes de información deportiva, el decreto contiene una enmienda que impone a los clubes de fútbol el pago de una cuota entre el 1 % y el 3 % de los ingresos en las ventas de billetes para cubrir el gasto de las fuerzas de seguridad suplementarias que se vean obligadas a actuar en casos de conflictividad en los estadios italianos. Como es de esperar, los directivos de clubes no tardaron en convocar a una asamblea extraordinaria para refutar tal medida, alegando principalmente que el fútbol italiano contribuye a un sistema de pago de impuestos superlativo (i.e., 800 millones de euros). Otros países europeos viven la misma realidad, pero parece ser que en Latinoamérica los proyectos de ley están también siendo aprobados de forma expedita.

En agosto de 2013, el gobierno ecuatoriano suspendió temporalmente la vigilancia policial dentro de los estadios de fútbol, a raíz de la agresión que sufrió un uniformado por parte de aficionados en el estadio Atahualpa durante el clásico entre Deportivo Quito y Liga de Quito. La policía restableció la vigilancia casi un mes después tras un acuerdo entre autoridades y dirigentes de los clubes para erradicar la violencia. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, rigiendo a equipos profesionales locales de Primera A y B, mantiene un dialogo con el gobierno, y en especial con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para determinar de que forma se pagaría por la seguridad dentro de los estadios. Parece lógico que los clubes aleguen que el fútbol de ese país no cuente con recursos como para pagar empresas que brinden seguridad en las tribunas. Recordemos que los clubes ecuatorianos están sumergidos en una deuda profunda por incumplimiento de pago de salarios y primas de jugadores. El IESS podría interferir aún más para que los clubes redirijan sus esfuerzos hacia el cumplimiento de la mora patronal, a pagos de salarios y al mismo tiempo poner presión para que estos se encarguen de la contratación de fuerzas privadas de seguridad en los espectáculos.

De forma muy parecida, el balompié profesional peruano ha vivido episodios serios de violencia ocasionados por barras bravas, particularmente en partidos de alto vuelo. En 2013, al menos seis encuentros fueron suspendidos en el torneo de primera división por falta de garantías de seguridad al público y por hechos de violencia contra árbitros. La violencia y el racismo vienen siendo sancionados duramente por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), terminando en la suspensión temporal de estadios, o con encuentros disputados a puertas cerradas y una mano dura con las barras bravas. Sin embargo, uno se puede preguntar cómo la Federación y los clubes podrían llegar a preservar la seguridad de espectadores y prevenir o controlar actos violentos en caso de una disminución de efectivos policiales en los recintos. Según los dirigentes del fútbol, los aparatos de seguridad privada no están capacitados para contener grupos organizados, a diferencia de países en el extranjero, donde hay una especialización de la seguridad privada en los escenarios deportivos. ¿Qué garantías pueden dar empresas de seguridad privada en el mejoramiento de dispositivos de seguridad? Los ejemplos europeos o norteamericanos todavía son muy diferentes a los de esta parte del mundo. Lo cierto es que la disminución del porcentaje de policías de los estadios en Perú es un hecho y recibe el apoyo unánime del Estado.

Policia Peruana frente al estadio Nacional (Lima)

Policia Peruana frente al estadio Nacional (Lima)

El Clásico entre Universitario y Alianza Lima jugado el 22 de octubre contó con seis mil efectivos policiales en el Estadio Nacional, pero no se pudo elaborar un plan de seguridad que previniera deterioros y desmanes en el entorno del escenario. Como consecuencia de los actos vandálicos de las barras bravas en la capital peruana, el Pleno del Congreso tuvo el ejemplo perfecto como para impulsar un cambio al artículo 7 de la Ley N° 30037, ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos y que señala además que la custodia privada debe ser de modo proporcional y necesario al número probable de asistentes y demás personas que participen en el evento. Esta modificación también indica de manera expresa que de no cumplir con los requisitos mencionados, el espectáculo debe ser suspendido, debido a que se pone en riesgo la integridad y patrimonio de las personas.

Entonces, la tendencia hacia una responsabilidad público-privada de la seguridad en espacios de entrenamiento de masas se hace más latente. Por otro lado, nos preguntamos si esta colaboración entre actores públicos y privados en estadios sería la directa causante de una reducción de incentivos por parte de hinchas a cometer actos violentos o ilegales dentro y fuera de un estadio. Pareciera no ser el caso debido a que la seguridad relacionada al deporte de masas precisa más de un modelo de gestión que englobe tanto seguridad física como también mejoramiento de la seguridad del negocio del fútbol manejado por federaciones, asociaciones y clubes. Veamos a continuación el caso relevante de un modelo de gestión en América Latina relacionado al deporte que pareciera preservar la seguridad ciudadana de forma sostenible.

El “Plan Estadio Seguro” chileno

Chile se ha vuelto el ejemplo a seguir para muchos otros países latinoamericanos en materia de economía y reordenamiento institucional en varias áreas. El deporte no es la excepción; es más, es uno de los vectores idóneos para que el Gobierno coordine y gestione programas de orden social y de desarrollo. En este contexto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP), en conjunto con Carabineros de Chile y los clubes de fútbol representados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), han decidido, cada uno desde el ámbito de sus competencias, implementar medidas orientadas a poner freno a situaciones de violencia y de inseguridad en los estadios y en sus inmediaciones.

Uno de los programas más relevantes dentro de este marco es el denominado “Plan Estadio Seguro”, una iniciativa implementada por Intendencias regionales, en coordinación con la dirigencias del fútbol nacional. El objetivo principal es que las familias puedan asistir a los estadios de manera segura y que tanto su ingreso, permanencia y salida cuenten con las garantías necesarias para ello. Esta iniciativa está relacionada a uno de los desafíos sociales más importantes del actual Gobierno, que es la batalla contra la delincuencia ciudadana en general. El modelo Plan Seguro está inspirado en teoría de la experiencia inglesa “anti-hooligan”, en donde la autoridad pública es la que supervisa la implementación y financiación parcial de la seguridad en estadios. Sin embargo, debido al carácter colaborativo de este modelo de gobernabilidad de los estadios, se incluyen a grupos de interés al entorno del estadio (vecinos) que antes no tenían forma de acceder al debate.

Como parte de la implementación del plan, los clubes deportivos presentan un proyecto de partido (i.e., una ficha técnica) a la Intendencia de Gobernación, que incluye medidas de seguridad. A partir de ese punto, carabineros hace un informe técnico que ayuda a Intendencia a fijar condiciones de seguridad para el cotejo. Al contrario de las medidas vistas recientemente en países vecinos, los carabineros continúan a fiscalizar la ley, pero es el club en cuestión es el que está obligado a aplicar el plan de seguridad.

Este modelo permite al Ministerio del Interior tener una mejor idea del relacionamiento existente entre club y grupos de aficionados que podría generar violencia en estadios. Es decir, en repetidas ocasiones, se ha podido ver a un club ejercer el derecho de admisión a miembros de barras bravas que hacen ingresar objetos legalmente no permitidos al escenario. Hoy en día, con la tolerancia cero con respecto al comportamiento violento de hinchas del futbol en escenarios deportivos, los clubes tienen parámetros claros donde pueden operar e implementar estos dispositivos de seguridad. Por ende, el caso chileno refleja que la proporcionalidad de la presencia de seguridad en un estadio debe reflejarse en función del riesgo asociado a situaciones en sectores del escenario deportivo.

Ejemplos de Disposición de Plan Estadio Seguro con respecto al uso de objetos en estadios:

  • Bombos: principalmente pone en riesgo la seguridad por que obstaculiza las salidas de emergencia. La prohibición es respecto a los hinchas.
  • Lienzos: filas de espectadores imposibilitados de ver partido. Derecho del hincha a acceso y experiencia en los estadios.
  • Fuegos artificiales: En Chile es una disposición que prohíbe su uso en toda la República, no exclusivamente en los estadios. Una fiscalización ciudadana ayudaría a cumplir con la Ley en escenarios deportivos.

El modelo de gestión de este plan también sugiere que la experiencia del hincha en el estadio debe ser buena desde todo punto de vista. José Roa, antiguo Director del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), está actualmente a la cabeza de Estadio Seguro. Para Roa, una buena experiencia del hincha no solo significa prevención y control de violencia en el estadio, sino también consiste en una implementación de un sistema seguro de ventas para el usuario. Tal como se ve en Inglaterra desde la era Thatcher, avanzar en la prohibición de venta de entradas para gente que tiene record desfavorable significa una mejor experiencia para las familias. Esto no quiere decir que los clubes no dispongan de como se realicen las ventas de entradas, pero estas deben ser seguras. La seguridad de ventas sugiere posiblemente la adopción de un sistema de preventa por internet o de venta de abonos para toda la temporada.

Lógicamente, en América Latina las condiciones técnicas y logísticas para implementar dicho plan en materia de seguridad todavía son deficientes. Aun así, el proyecto piloto chileno podría servir de mucho a actores públicos de la región que desean no solo compartir la responsabilidad de la seguridad en estadios de fútbol con los clubes, ligas y federaciones, sino también modernizar el negocio del fútbol a través de una transformación radical de la gestión de la economía en torno a los recintos deportivos.

¿Quien conseguirá un gol y/o una asistencia esta semana en la Copa Libertadores 2015?

  • Rodrigo Mora | River Plate | DELANTERO (50%, 1 Votes)
  • Colazo | Boca Juniors | DEFENSA (50%, 1 Votes)
  • Leandro Damião| Cruzeiro | DELANTERO (0%, 0 Votes)
  • Wilker Angel | Deportivo Táchira | DEFENSA (0%, 0 Votes)
  • Dominguez | Huracán | DEFENSA (0%, 0 Votes)
  • Omar Pérez | Independiente Santa Fe | CENTROCAMPISTA (0%, 0 Votes)
  • Germán Pacheco | Juan Aurich | CENTROCAMPISTA (0%, 0 Votes)
  • Vecchio | Colo-Colo | CENTROCAMPISTA (0%, 0 Votes)
  • Rodrigo Lopez Libertad | DELANTERO (0%, 0 Votes)
  • Sanchez Miño | Estudiantes | BONUS (0%, 0 Votes)

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Sobre El Autor

Francisco Sanjines
Colaborador

Boliviano-Estadounidense apasionado por el deporte rey en Latinoamérica. Egresado de la Universidad de Nueva York (NYU) en materia de negocios y gestión del deporte. Francisco es conocedor del fútbol de "altura" y desea darle un enfoque distinto a la cobertura de la realidad futbolística de la región andina de Sudamérica.

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